Resumen: La solicitante figuraba de alta en el régimen General como trabajadora por cuenta ajena desde el 1 de febrero de 2019. El 16 de marzo de 2020 la mercantil presentó un ERTE por fuerza mayor derivado del COVID -19 que comportó la suspensión del contrato de trabajo de la actora. Desde el 1 de marzo de 2020 figuraba de alta en la relación laboral por cuenta propia. La normativa específica de protección de desempleo por ERTE derivado del Covid-19 es una norma especial que se aplica de forma preferente a las normas generales solamente para las circunstancias en ellas previstas, por lo que su regulación solo desplaza a la general en lo específicamente querido por el legislador. Esa normativa especial Covid altera el nacimiento del derecho, que es lo que regula, pero no al régimen de las prestaciones por lo que la prestación y el subsidio por desempleo siguen siendo incompatibles con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, o con el trabajo por cuenta ajena, excepto cuando este se realice a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá del importe de la prestación o subsidio la parte proporcional al tiempo trabajado.
Resumen: La Audiencia entiende que la discrepancia respecto a los días que debe de mediar entre la convocatoria de la asamblea y su celebración entre los dispuesto en los Estatutos y el la ley de asociaciones (10 y 15 días respectivamente) es una alegación extemporánea. Además, ese plazo es entre la convocatoria y la realización de la Junta, no desde la recepción de las cartas convocando. El correo ordinario es apropiado y así se ha realizado siempre. De hecho, los impugnantes acudieron. No considera la aplicación analógica de la legislación de sociedades de capital. No es precisa la formación de la lista de asistentes en sentido estricto, si se cumplen los requisitos para el control del quórum necesario. Las cuentas anuales entregadas cumplen los requisitos de la normativa contable.
Resumen: La prohibición de comunicación acordada en una orden de protección debidamente notificada al denunciado impide al mismo establecer ningún contacto con la protegida, con independencia de que se atiendan o no a esas llamadas que no le resta antijuridicidad ni gravedad. No existe error de prohibición cuando, aunque al principio se atendieron esas llamadas, posteriormente la denunciante le comunicó que no volviera a llamar por la existencia de esa prohibición, siguiendo el denunciado con la misma actitud. El consentimiento de la víctima sobre la infracción de las medidas cautelares no puede ser interpretado como una atenuante analógica porque ninguna prohibición pesa sobre la víctima, y sí únicamente sobre el denunciado.
Resumen: Trabajador en situación de pluriactividad, que cesó en la actividad por cuenta propia del 14/03/20 al 30/06/20, impugna la resolución denegatoria de la prestación de desempleo por estar afectado por un ERTE COVID entre el 23/03/20 y el 14/09/20, ante su incompatibilidad con el trabajo por cuenta propia. La instancia desestima la demanda, basándose en que la prestación de desempleo es incompatible con la de cese de actividad. La Sala de lo Social, tras rechazar una ampliación fáctica con componente jurídico valorativo y referente a hechos negativos, partiendo de que en virtud de la exigencia de congruencia entre la vía administrativa y la judicial el único motivo de desestimación que puede ser enjuiciado es el esgrimido en el acto administrativo impugnado, revoca la resolución recurrida, basándose en que el simple alta en el RETA acompañada de la percepción de unos ingresos muy exiguos (comisión de 206'07 €), no es expresiva del ejercicio de una actividad profesional incompatible con el desempleo.
Resumen: Se inadmite el recurso interpuesto por el cauce especial de protección de derechos fundamentales frente al acuerdo del Consejo de gobierno de las Islas Baleares por el que se aprueba el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y establece niveles de alerta sanitaria que se tenían que aplicar a cada una de las islas y,en concreto,el apartado relativo a las "Medidas específicas relativas al acceso a las actividades de ocio nocturno" al establecer las denominadas "Condiciones Específicas de Acceso" a esas actividades de ocio nocturno, para las islas "en nivel de alerta sanitaria 1 o superior" concretada en la presentación de una certificación que acredite que la persona cuenta con la pauta completa de vacunación, de una prueba diagnóstica negativa o ha pasado la enfermedad en los 6 meses anteriores.El recurso de inadmite por falta de legitimación activa de la asociación recurrente para impugnar los acuerdos de conformidad con el art. 69 b) de la LJCA y ello, una vez examinados los estatutos de la precitada asociación teniendo en cuenta que su impugnación, por el cauce de la protección especial de protección de los derechos fundamentales,se refiere ala imposición del pasaporte Covid para poder acceder a establecimientos de ocio. Y sin que existe un interés profesional o económico para sustentar dicha impugnación,sino un interés general en una materia que no existe la acción pública.
